La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado una medida cautelar en la que ordena a Venezuela abstenerse de preparar y realizar elecciones en el Esequibo. El tribunal de las Naciones Unidas, a donde Guyana llevó en 2018 el conflicto por ese territorio en disputa, actúa a petición del país angloparlante ante la inminencia de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, en las que Venezuela planea elegir representantes de los poderes ejecutivo y legislativo para ese territorio que se disputan ambos países.
“En espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control”, señala la decisión de la CIJ difundida por el presidente guyanés Irfaan Alí, quien ha celebrado la decisión.
Desde Venezuela no se ha producido una respuesta a esta decisión. Esta la segunda vez que la CIJ dicta medidas cautelares para frenar los movimientos que hace el Gobierno de Venezuela sobre el Esequibo, un área selvática de 160.000 kilómetros cuadrados. El 1 de diciembre de 2023, el tribunal ordenó a Venezuela abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación actual en el territorio en disputa. La situación fue interpretada como el preludio de una crisis regional que movió a Brasil y a la Caricom, la comunidad de los países caribeños, a una mediación de urgencia entre los presidente con un encuentro en San Vicente y Granadinas ese mismo año.
Aun así, el chavismo realizó un referendo consultivo sobre la materia —del que no se han publicado los resultados oficiales mesa por mesa— con el que el presidente Nicolás Maduro decidió ir más allá. Dictó una ley para modificar el mapa oficial del país incluyendo el territorio en disputa y crear el estado número 24, llamado Guayana Esequiba. Nombró autoridades, aunque estas han despachado desde el pueblo minero de Tumeremo, en el sureste de Venezuela, a unos pocos kilómetros del límite fronterizo. Además, la misma ley castiga con la inhabilitación política a quienes “hayan adoptado conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de Guyana” respecto a las reclamaciones de Venezuela.
Con el anuncio de las elecciones regionales, en marzo pasado, Guyana solicitó nuevamente a la CIJ medidas provisionales para impedir que Venezuela celebre elecciones en el territorio disputado. La campaña ha comenzado esta semana, aunque no está claro cuál es el registro electoral que se usará para esta votación ni dónde se emitirán los sufragios. Hay cuatro candidatos inscritos para ser gobernador de la Guayana Esequiba. El almirante Neil Villamizar, que es la autoridad designada por Maduro y el candidato del PSUV, el internacionalista Julio Cesar Pineda, el sociólogo Héctor Milano y el abogado Alexis Duarte, que va por la coalición UNT-Única liderada por Manuel Rosales y Henrique Capriles, que se han separado de la Plataforma Unitaria opositora, alineada con María Corina Machado.
También hay candidatos para los siete puestos del consejo legislativo. La base de integrantes del Parlamento incluso aumentó para acoger la representación de los que sean escogidos por el territorio cuya soberanía reclama Venezuela, aunque es Guyana quien lo ha ocupado. La preparación para los comicios que se producirán en un par de semanas ha transcurrido con hermetismo de parte del Consejo Nacional Electoral.
A las tensiones con Guyana se ha sumado la movilización a principios de marzo de un barco militar venezolano por aguas por delimitar en las que hace más de una década el país inició la exploración petrolera que ha conducido a la instalación de varias plataformas de explotación de crudo. Caracas ha hecho reclamos a Georgetown y ha acusado al país vecino de ser parte de una supuesta componenda de la petrolera Exxon Mobile, con la que el chavismo tiene una historia de enemistades, para que la Administración de Donald Trump endureciera las sanciones petroleras a Venezuela y revocara a Chevron la licencia para continuar operando con PDVSA. Por su lado, el presidente Irfaan Alí ha fortalecido su cooperación de defensa con Estados Unidos.
